Sobre el Centenario de la Constitución Mexicana

Extracto de la entrevista al Dr. César García Razo para Inclusiva.

¿Cuál es la importancia de una Constitución hoy?


CGR: Hablar de la importancia de la Constitución es tanto como hablar de la importancia del derecho o de la política en su conjunto. Por tanto hay que comenzar a partir de estos conceptos. En un nivel básico, en su generalidad, la política puede considerarse como el oficio de colaborar para hacer converger la voluntad de las personas en el logro de objetivos comunes; esto puede observarse igualmente como un arte, por parte de quienes consideran, que llevarlo a cabo requiere vocación, talento y un largo trabajo de preparación; como una técnica por quienes postulan que mediante la experiencia puede lograrse algún tipo de pericia en esta materia, y es visto como una ciencia por quienes observan a través de los referentes académicos que han establecido postulados de recursividad que dan pauta para señalar ciclos evolutivos en el hacer de la política, tanto como en el comportamiento de los que se dedican a la política y de la propia sociedad. Estas observaciones pueden conjuntarse más o menos de acuerdo con las previsiones y experiencia de cada uno de los observadores del fenómeno político, para crear distintos conceptos y nociones sobre la política. 

Con todo esto, para el enfoque sistémico social, la política es un mecanismo de generación de decisiones colectivas vinculantes. 
Por otra parte, el concepto de lo legal puede observarse como un mecanismo de la sociedad para proveerse a sí misma de reglas, es decir, de formulaciones verbales o lingüísticas, que establecen los límites o alcances del actuar de la sociedad, de las posibilidades de acción frente a lo que es público, y los límites de la acción estatal, que condensa las facultades de poder, que le han delegado los ciudadanos para efectos de dirigir y organizar mejor los esfuerzos colectivos. Con esto, el enfoque sistémico social, plantearía el concepto de lo legal, como un mecanismo que regula la conversión de expectaciones normativas y cognitivas. 

La Constitución, podemos entonces entenderla como un mecanismo de acoplamiento estructural entre los órdenes de la política y del derecho. Esta es la manera como Luhmann describe específicamente el concepto de Constitución. Esto es, que la dimensión de formulaciones lingüísticas, que están expresadas en un documento escrito y que constituyen los fundamentos básicos, los lineamientos, el marco de operación del sistema jurídico, el fundamento último del derecho de un país en su conjunto, es a su vez la forma específica que determina los alcances y límites del ejercicio de la acción pública, es decir del despliegue del poder. 

Entonces, la función de acoplamiento estructural quiere decir que el poder se regula a sí mismo a través de una forma gramatical en donde se condensan las expectativas generalizadas de la sociedad respecto de lo que son las mejores posibilidades, o el mejor ser del grupo social en el que esta Constitución se expresa o a la que da forma específica. 

De este modo, un concepto muy elemental de Constitución puede señalarla como la ley suprema de un país, como el orden aspiracional o el libro que expresa el ser ideal de una sociedad, y ambos elementos son igualmente válidos e igualmente explicables en su profundidad a través de la observación de estos conceptos de lo político y de lo legal, como los hemos abordado anteriormente.

¿La Constitución se trata de un texto que deban acercarse a conocer todas las personas o se trata de un texto para especialistas que sólo algunos cuantos letrados pueden y deben conocer y aplicar?

CGR: En el ámbito del derecho esto se ha tratado de formular mediante simplificaciones, que en mi parecer no contribuyen a una mejor reflexión o comprensión de lo que puede observarse respecto del concepto de Constitución. Lo que propongo entonces, es observar que la Constitución es un concepto polisémico, complejo, multidimensional y multidisciplinario, que puede ser asido desde las diversas disciplinas y teorías sociales y abordado desde los diversos niveles de entendimiento que se expresan en la sociedad; hay una parte de la Constitución que requiere ser conocida y aprendida por todos los ciudadanos, como ya se encuentra reconocido en diversos manuales de civismo de éste y otros países; por ejemplo los derechos fundamentales son un apartado de la Constitución que sería bueno que los ciudadanos conocieran y aprendieran, en algunos fragmentos incluso de memoria. Y esto favorecería que desarrolláramos mayormente nuestra sociedad de derechos, puesto que la primera condición para que una Constitución sea útil y relevante para el mejoramiento del desempeño social, es justamente que los ciudadanos se involucren mayormente en conocerla, comprenderla, y también en tratar de asir cada vez más, con mayores y mejores elementos, las dimensiones conceptuales, los problemas teóricos que van implicados en los fenómenos del poder y del derecho. Entonces en un nivel básico hay una Constitución para todos, que estamos obligados a conocer, estudiar y aprender incluso todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo, y en un nivel siguiente hay dimensiones disciplinarias particulares para cada ámbito de las ciencias y las humanidades, que brindan sentido y referentes distintos para cualquier observador que se interese por conocer más del fenómeno constitucional. Respecto del propio derecho, en la Constitución se concentran disposiciones de diversas materias jurídicas, relativas al derecho civil, penal, agrario, mercantil, público, internacional etcétera, y al mismo tiempo hay otros órdenes de observación posible mediante la teoría de la comunicación, de las relaciones internacionales, la sociología, la ciencia política, la antropología, la historia, la lingüística o la economía, y otros tantos posibles enfoques disciplinarios que pueden ser empleados para observar el fenómeno de lo constitucional. 

Desde mi punto de vista, una síntesis idónea para comprender el fenómeno de lo constitucional supera o trasciende esta dicotomía elemental, en el planteamiento de que la Constitución se debe considerar como un texto accesible para todos o como un texto para especialistas, jueces o abogados en particular. La Constitución ofrece cuando menos estos dos aspectos, y uno de ellos convoca mayormente a todos los ciudadanos a interesarse en su Constitución para tener mejores rendimientos sociales, y por otra parte convoca también a la especialización muy particular de abogados constitucionalista y jueces, para propiciar que sea aplicada eficazmente a los casos particulares. Ambos aspectos actualmente, siguen siendo uno de los mayores desafíos para el mejoramiento de nuestra sociedad. Los litigios constitucionales requieren ser mayormente estimulados en nuestro país, por supuesto con la inversión de recursos materiales y confianza por parte de los ciudadanos en el gremio de los juristas, y los abogados constitucionales requieren formarse con mayor profundidad y amplitud teórica también para dinamizar la aplicación de los postulados constitucionales a los casos particulares de su atención.
Entonces la Constitución no es sólo una reflexión sobre el Estado del Poder, como lo planteó Ferdinand Lasalle en su célebre texto, sino que hoy en día puede observarse con mucha mayor amplitud, tanto en su dimensión práctica como en su aspecto aspiracional; es pues, para decir lo menos, una dimensión polifascética de la sociedad. 

¿Cuál es la importancia de contar con una Constitución que se ha preservado de alguna manera estable durante estos cien años, pero que también presenta la paradoja, que muchos constitucionalistas señalan, de que se trata de otra Constitución diferente a la de 1917, dado el amplio número de reformas que ha sufrido? ¿se trata de la misma Constitución o es otra distinta? y ¿qué centenario celebramos o porqué habría que celebrarlo entonces?

CGR: Estas preguntas plantean una problemática compleja; en términos de teoría, lo complejo no quiere decir complicado o irresoluble, sino policontextural; esto es que en la teoría constitucional hay muchas maneras de abordarlo, y por ahora vamos a partir de considerar los aspectos más elementales. Desde un punto de vista del solo contenido gramatical, en términos de una observación por cantidad de palabras para hablar de algo absolutamente accesible para todos, la Constitución se ha engrosado o ampliado, es decir ha incrementado su cantidad de palabras por aproximadamente unas tres veces. Para citar en este punto un referente muy puntual del que tenemos noticia tras nuestras más recientes revisiones, la Constitución de 1917 tenía alrededor de unas 22,000 palabras; la Constitución que tenemos hoy cuenta con alrededor de 70,000. En esto también pueden observarse variaciones de acuerdo con el método de contabilización que se utilice, por ejemplo en la incorporación o no incorporación a dicha contabilidad de los artículos transitorios. Esta observación particular la desarrolló el Dr. Héctor Fix Fierro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y fue publicada en un artículo de la revista Nexos, por estas mismas fechas hace algunos años. En este sentido, la Constitución que tenemos actualmente es tres veces más extensa que la de 1917, y por otra parte tenemos también el dato muy puntual de que solamente 22 artículos de los 136 que componen nuestra Constitución se han preservado en estos cien años sin ninguna modificación en lo absoluto, mientras que el resto se ha modificado inconmensurable cantidad de veces. Hay muchos métodos de estudio para cuantificar las reformas a la Constitución. Pero lo más significativo, para entrar en una observación esencial de lo constitucional, si consideramos a la Constitución como un mecanismo de acoplamiento estructural entre los órdenes de la política y el derecho en los términos referidos anteriormente, es que al organizar las aspiraciones de una sociedad y la forma política que estas aspiraciones adoptan, veremos que el texto constitucional como lo tenemos actualmente ha variado significativamente. 

Uno de los aspectos medulares, en este orden de ideas, tiene que ver con las formas de comprender la economía nacional en la Constitución del 17, que han variado significativamente respecto de lo que tenemos al día de hoy como efecto del fenómeno social que conocemos como globalización, o en términos sistémicos, acoplamiento económico de la sociedad mundial. Esto es que mientras que la Constitución del 17 contemplaba un concepto de soberanía altamente cerrado, muy enfocado en preservar las potestades de la organización estatal sobre su territorio, y muy celoso frente a cualquier tipo de interferencia o participación extranjera respecto del manejo de los recursos nacionales, hoy en día tenemos una Constitución mucho más flexible, que posibilita que haya participación de capital privado en el manejo de áreas prioritarias de la economía, como en la extracción de recursos naturales o de hidrocarburos, y de otra serie de disposiciones que tienen que ver justamente con este acoplamiento de la economía nacional a un entorno global de competitividad entre compañías e inversiones que provienen de todas partes. 

En términos sociales tenemos también una Constitución que ha reorientado su perspectiva y resignificado su concepción del ser humano, sobre todo a partir de la reforma de 2011, con una reforma mayúscula a la parte dogmática de la Constitución, que ha sido una verdadera revuelta o evolución constitucional para darnos un nuevo nivel de ciudadanía. En 2011 se modificó el artículo primero, y otros más, de una manera tal que tiene profundas implicaciones teóricas y operacionales para el universo del derecho; esto fue respecto del sentido de la propia Constitución como un instrumento que reconoce la dignidad humana y sus derechos, en lugar de sólo otorgar garantías como se establecía anteriormente. A través de esta innovación se esclarece que la Constitución actual reconoce una esencia previa y fundamental del ser humano, una dignidad que se protege, garantiza y defiende por virtud de su mismo texto. Esta particular modificación, así como una interpretación que a la postre hizo la SCJN ese mismo año y que vino a afianzar el sentido de la propia reforma, constituye uno de los parteaguas más importantes de lo que podemos considerar como la evolución de la Constitución actualmente. Esto es que mediante el reconocimiento de los tratados internacionales en derechos humanos firmados por nuestro país, y por la aprobación del Senado, nuestra Constitución es una de las Cartas magnas que más se explayan en reconocimiento de derechos humanos a nivel mundial. Es decir, por esta reforma, los mexicanos tenemos legalmente reconocido uno de los catálogos de derechos humanos más extensos del mundo. Nuestro artículo primero en el momento que establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país ha suscrito tienen igual de validez que el resto de la Constitución, está ampliando inmediatamente el catálogo de derechos humanos de los mexicanos, en los términos ya señalados. Esto es de tal manera, que al día de hoy, nuestros más versados eruditos en materia constitucional, los más eminentes investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM no han llegado a un consenso unánime sobre la cantidad exacta de derechos humanos que al día de hoy tenemos todos los mexicanos. 
Estos dos cambios que ha sufrido nuestro ordenamiento constitucional son ya una buena base para argumentar con pleno sustento teórico, como lo hemos venido haciendo, que nuestra Constitución es ya una Constitución diferente, renovada, tanto en su base textual como en su sentido esencial, en lo económico y en el reconocimiento de derechos. 

En este orden de ideas faltaría además incorporar una observación sobre lo que comprendemos como la parte orgánica de la Constitución, que es el apartado de artículos que se dirigen específicamente a señalar cómo se articula la organización del Estado: la división de poderes, el régimen federal, las elecciones, la composición de los órganos constitucionales autónomos y otra serie de previsiones orientadas a configurar la estructura funcional del Estado. Y esta parte también ha sufrido importantes transformaciones, siendo notable a este respecto, que el artículo que más transformaciones ha sufrido es el artículo 73, en el cual se establecen las potestades del Congreso de la Unión, que refleja cómo hemos transitado de un presidencialismo rígido, a una fórmula particular, casi única en el mundo, de presidencialismo flexible, del cual se han desagregado muchas facultades ejecutivas para configurar órganos constitucionales autónomos como el INE, el BANXICO y la CNDH, que han restablecido y dinamizado en diversos momentos la funcionalidad del sistema político. Esta serie de atribuciones han oscilado entre pasar al legislativo o configurarse con autonomía, para quedar finalmente en su estado actual, integradas en un número de aproximadamente 9 OCAS. Esta restricción del ejecutivo le da un nuevo carácter a la dimensión orgánica de la Constitución, bastante diferente de lo que a este respecto estaba contemplado en la del 17. 
De este modo tenemos un nuevo régimen presidencial, un nuevo régimen económico y un nuevo régimen de derechos. Todo esto cobijado bajo la propia configuración de nuestra Constitución actual, que prevé en su propio articulado la manera adecuada para ser reformada y actualizada. Entonces en estricto sentido, contamos con un texto constitucional que bien podría considerarse “sistémico” por prever en sí mismo los elementos de su propia reforma y adecuación, y por haber logrado efectivamente inducir a la sociedad política a preservar hasta ahora esa cualidad como capacidad de adaptación al momento histórico. Desde este punto de vista, es plenamente de celebrarse que tengamos una Constitución tan resiliente, o viva, porque verdaderamente esas disposiciones constitucionales sobre su propia reforma se han respetado en estos cien años, y por otra parte, tenemos un texto constitucional renovado en los aspectos más relevantes y elementales que pueden configurar lo que entendemos como Constitución. Entonces por estos dos aspectos hay un gran evento que celebrar y lo que resta por suceder, es que la ciudadanía continúe su aprendizaje, conocimiento y asimilación de su Constitución para comprender cabalmente el impacto de estas transformaciones constitucionales y pueda contar con los elementos para comprender que hay plenos motivos para celebrar que tengamos un país mayormente estable y renovado en los aspectos más relevantes y vitales, como lo es en términos de nuestro ordenamiento constitucional.

Por último, quisiera solamente añadir una reflexión que considero muy valiosa respecto de nuestra comprensión de lo constitucional, así como del entendimiento generalizado del concepto “institución” que va de por medio; y se trata de lo siguiente: últimamente he escuchado que se critica a los movimientos de reforma constitucional, como el de 2011 o el de la CDMX, por incorporar al texto constitucional derechos que aparentemente no pueden ser exigidos o actualizados a casos concretos, ya sea por falta de condiciones presupuestales o simplemente por no estar claro cómo pueda esto llevarse a cabo. El caso es que las Constituciones, en su dimensión de expresiones aspiracionales no proyectan un modelo utópico de la realidad que nunca vaya a lograrse, sino que precisamente por su naturaleza compleja que opera también como mecanismo de articulación de confianza social y de proyección hacia el futuro, establecen la brecha distópica que debe ser sorteada con el esfuerzo de los ciudadanos para la actualización de sus postulados en cada lugar, en cada época y en cada caso, especialmente cuando las condiciones políticas estatales no bastan para que la organización del Estado lleve a cabo su materialización por iniciativa propia. 

En esto, la utopía que sí conviene identificar y deconstruir en nuestra sociedad mexicana es la que apunta a que el gremio de abogados tendría la obligación de atender y actualizar casos de derechos humanos bajo la suposición de que el mismo éxito de los asuntos conllevaría aparejado su propio proceso de autofinanciamiento, dando paso con eso a la idea de que el derecho es autosustentable, como suele derivarse de la observación parcial de cómo funcionan otras sistemas legales en el mundo, mayormente debido a las dislocaciones de sentido jurídico con el propósito de entretenimiento que son promovidas y difundidas por diversas expresiones de las industrias del cine y la televisión. El hecho es que nuestra realidad nacional dista de ese estado de cosas. Aquí, para lograr la actualización del derecho a casos concretos se requiere identificar profesionistas competentes y depositar nuestra confianza y nuestros recursos materiales para solicitarles que gestionen la aplicación del derecho a casos concretos. Mientras esto no se actualice de este modo, sólo nos queda esperar que la gestión del sistema político retome e impulse la materialización de los derechos al ritmo de su propia capacidad de gestión y procesamiento político, al ritmo de su propia capacidad de recaudar recursos y de la disposición de la sociedad a confiárselos, al amparo de la inevitable dialéctica entre legitimidad e ilegitimidad de la representación que se procesa en la arena política. Es decir, que nos haría bien observar y asimilar, que tanto en la operacionalización institucional, como en otros ámbitos de la sociedad, si no se avanza mediante procesos de prueba y error, las instituciones nunca mostrarán ni perfeccionarán su rendimiento. Esto es, que los medios de control constitucional, si no se prueban, no funcionan. 

A la luz de los más recientes debates sobre nuestro Centenario de la Constitución, cabe decir que independientemente de su reforma o renovación, lo que necesita hoy nuestra Constitución indudablemente, es que fomentemos el ejercicio y la formación de litigantes constitucionales más competentes, no sólo en términos de probidad ética, como ya se ha propuesto, sino también en materia de conocimientos especializados en disciplinas que posibiliten observar desde todas las perspectivas teóricas existentes la complejidad de nuestro tiempo. Y que reconozcamos que la sociedad mexicana en su conjunto está llamada a descubrir que necesita invertir más de sus recursos y de su confianza en los abogados constitucionales de su elección, para que mediante el empleo del derecho actualicen a casos concretos el amplio catálogo de derechos humanos contenidos actualmente en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en consonancia con la misma. 

Por todo lo anterior, este día y este año que inicia, son una verdadera ocasión para celebrar, porque sin una buena Constitución no hay paz duradera; y por cierto no hay malas Constituciones que duren 100 años. Por esto, y para preservar esa paz social por mucho tiempo más, es nuestro deber cívico estudiar y comprender más de nuestra hoy Centenaria Constitución. Que estas palabras sean de verdadero estímulo para quienes estén en posibilidad de orientar sus estudios profesionales en este momento y que sirvan para lograr este anhelo Constitucional de paz social para nuestro país.
Felicito y agradezco a la Ibero Puebla por haber desarrollado la vanguardia en el derecho procesal constitucional, y por permitirme ser parte de ese proceso. Como dicho ya, las instituciones como los remedios, si no se prueban, no funcionan. Sobre lo anterior, aquí les comparto un video promocional en el que tuve la fortuna de colaborar. 

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