Crisis de representación, crisis de vocación cívica

La “crisis de representación” que aqueja al Estado mexicano es un diagnóstico recurrente en las ciencias sociales; se ha formulado desde años anteriores a la alternancia de 2000 y sigue vigente aún hoy. Se describe también como crisis de legitimidad de las instituciones, credibilidad de la clase gobernante  o confianza operativa del sistema político. Dicha crisis puede explicar parcialmente lo que acontece cuando se ven episodios de violencia social, sea ésta solapada por los grandes medios de comunicación o abatida por las instituciones de la fuerza pública. Actualmente podemos ver que esta crisis, se acentúa en algunos grupos con las fricciones crecientes entre el gobierno y la sección oaxaqueña del gremio magisterial autodenominada CNTE (“coordinadora” como diferenciación de su grupo de origen el “sindicato” SNTE) y sus  miembros y simpatizantes de otros estados. Esta crisis de representación nos deja en un callejón sin salida aparente: la apatía de la sociedad para participar en los procesos electorales intermedios (con una incipiente votación de no más del 50% en promedio), fortalece a los propios grupos políticos colocados actualmente en las posiciones directivas de las organizaciones públicas, y les deja asimismo frente a la potestad discrecional y la condición funcional de recurrir a los costosos financiamientos internacionales, ya que estos resultan ser el principal medio para preservar sus operaciones. Pero esa dependencia y subsunción frente a las agencias financieras internacionales, resulta ser también condicionada a la instrumentación de cambios políticos a modo de sus dogmas mercantiles, que tensionan internamente diversos ámbitos de las relaciones sociales. 
Rastreando los trazos generales de esta crisis de confianza en los últimos 30 años, puede verse que antes del año 2000, el discurso político de la oposición señalaba a la corrupción como la principal problemática pública y era indefectiblemente atribuida al régimen de gobierno en lo general, identificada sólidamente con el partido dominante, el PRI. Al cabo de la alternancia de 2000 la proclividad al descontento, la enfermiza presteza a la suspicacia que se padece generalizadamente en diversos sectores de la sociedad mexicana, identificó, apenas al cabo de 6 años, a una oligarquía que ahora se correspondía con la alianza entre el PRI y el PAN, denunciada por los movimientos de izquierda como la mafia del poder, el PRIAN. En las pasadas contiendas electorales hemos atestiguado el señalamiento de que ahora la mafia del poder se compone por una élite que ya agrupa incluso al PRD, (PRIANRD). Frente a lo anterior emergen también “oportunamente” las figuras independientes con un discurso agravante de la crisis legitimidad en el régimen, ya no descalificando sólo al partido el en el poder (2000), ni al árbitro electoral (2006), sino ahora al sistema de partidos en su conjunto. El frecuente lenguaje de descalificación en que se sustentan estos discursos de radicalización creciente, son ni más ni menos que el germen de la violencia que posteriormente produce confrontaciones lamentables con pérdidas humanas irreparables. En este punto, cabe señalar que la perspectiva sociológica emerge como una proposición de observaciones para descolocar la idea de que son las acciones de los actores individuales el eje de las coyunturas y desenlaces de lo social; invita al análisis reflexivo para procurar formulaciones imparciales, donde las ideas se aquilaten más como el factor de tensión y discordancia por encima de las conductas y acciones de agentes particulares; donde se privilegie la observación de las lógicas causales y las relaciones de equivalencia por sobre las culpas, y los vicios o méritos personales. No obstante, el escaso desarrollo de la teoría social en los países de la periferia, como el nuestro, es el correlato trágico de una propensión estructural de la sociedad para privilegiar la observación de agentes causales y la exacerbación irracional de filias y fobias concentradas en la figura de líderes particulares (presidencialismo, caudillismo), recreando y generalizando a través de su adhesión o rechazo de estas figuras, las disposiciones a la violencia y el incremento de la desconfianza entre los diversos sectores de la sociedad, lo cual en el contexto de condicionamiento funcional como el nuestro, pulveriza las posibilidades de convergencia, fractura los consensos alcanzados, debilita  las instituciones ya formadas y merma en todo sentido nuestra entereza ante la competencia, la agresividad y pujanza de las naciones en el mundo. Frente a esto, cabe reflexionar que resulta más deseable contar con un Estado fuerte ante otro países, capaz de contener la rapacidad de las corporaciones multinacionales y de prescindir de los costosos condicionamientos de las agencias finacieras globales; y que eso no se logra denostando a nuestras instituciones, promoviendo discursos de violencia, o injuriando a nuestros representantes, sino fiscalizando su proceder más cercanamente y colaborando con ellos en la medida de nuestras posibilidades. En Inclusiva, frecuentemente hemos realizado encuestas para conocer qué tantas personas saben quién es su diputado actual, local o federal, o si se han acercado a preguntarle por su actividad o a dialogar sobre posibles proyectos en los que puedan colaborar. La abrumadora y mayoritaria respuesta negativa sobre estas cuestiones me lleva a considerar también que para promover un mejoramiento de las organizaciones políticas es necesario aprender a confiar en nuestra clase dirigente, colaborar con sus proyectos y proponer los propios, o de plano intentar volvernos también parte de esa clase dirigente, comenzando por intentar incursionar en el servicio público, y de ser necesario, como lo es ahora mismo, intentar iniciar una carrera comprometida en el atropellado ámbito de la política partidista, la academia o los medios de comunicación, desde donde podamos profundizar en el análisis de los temas de nuestra particular preocupación e interés, y desplegar así nuestra capacidad de agencia. Es decir, que desde mi punto de vista, cabe observar que quienes expresan percepciones de mayor discordia, desconfianza y descontento, son quienes estarían más convocados por razón de sentido común, elemental civismo y deber patrio, a intentar integrarse a la vida pública, desde la trinchera que elijan, desde la capacidad que posean. De lo contrario ampliamos las posibilidades de agravar la crisis institucional que nos aqueja, agudizar la polarización de nuestra sociedad, y seguir rezagados frente a las naciones que tienen una mejor relación y compenetración con sus organizaciones políticas, mayor participación electoral, confianza en sus instituciones y por consiguiente fortaleza en el ámbito internacional. 

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