5 años de “Reforma”: libre consumo, igualitarismo y otros desafíos modernos

Deconstrucción semántica social: del libre consumo, el igualitarismo y otros desafíos de la modernidad, a 5 años de la gran reforma constitucional de 2011.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de Junio de 2011 puede bien considerarse uno de los eventos constitucionales más significativos de los últimos casi cien años. Representa, a nivel jurídico y político, la conclusión de la fase de apertura en el acoplamiento con la racionalidad centro-moderna, identificada generalmente como el “orden global”. En términos de derechos humanos, a partir del 10 de junio del citado año se da la más importante integración a nuestro marco legal, de derechos reconocidos y contenidos en otros ordenamientos jurídicos del mundo, principalmente los de aquellos países centro-modernos que nos aventajan en cuanto a extensión del catálogo de derechos reconocidos, con los que nuestro país tiene tratados internacionales y con los que por virtud de esta reforma, quedamos, en el plano de la forma jurídica, inmediatamente homologados. Se trata de un fenómeno jurídico complejo, pero determinante, decisivo. Así mismo lo fue la resolución de la SCJN sobre el Caso Radilla Pacheco, unos meses después, en septiembre de ese mismo 2011 que determinó que los criterios de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter obligatorio para el poder judicial, afianzando operativamente el principio de interpretación en favor de la persona propuesto en la propia reforma de Junio. En términos prácticos, tanto la reforma de Junio, como la resolución del caso Radilla derivado de la misma, significan y obligan la posibilidad de que en México se integren y reconozcan Derechos Humanos que aún no están contenidos explícitamente en la Constitución, pero que ya se encuentran implicados  en los tratados internacionales firmados por nuestro país. Para una mejor comprensión del significado de lo anterior, cabe aquí hacer notar que cada uno de los derechos humanos representan supuestos normativos formulados gramaticalmente de forma particular y diferenciada en el lenguaje propio de cada nación, y que las variaciones semánticas del proceso de traducción, tanto como de la diferenciación funcional propia de cada ámbito nacional donde estos aplican, conlleva aún importantes desafíos para su especificación y desarrollo; esto es de tal contundencia, que ni siquiera entre los especialistas más versados del sistema ciencia local (que identifico aquí como los juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) logran precisar el número exacto de nuevos derechos que a partir de esta reforma tenemos los mexicanos. En todo caso, tras esta formal homologación que hemos señalado, por la cual en términos formales, nuestro catálogo de derechos humanos se amplía prácticamente de forma indefinida, el siguiente desafío es desplegarlos explícitamente en el marco normativo interno, ya sea por virtud de una emulación y traducción práctica de las formas lingüísticas originarias de la conceptualización de cada derecho humano en particular o mediante una formulación original de nuestras organizaciones jurídicas para su eventual aplicación a los casos concretos. Y esto es lo que se desahoga mediante la dinamización de los procesos jurisdiccionales (juicios), de lo que el caso Radilla da cuenta claramente. Es decir, que las transformaciones constitucionales, como esta misma que hemos señalado, no sólo tratan de un proceso de reajuste de las estructuras del poder con implicaciones ejecutivas sobre los gobernados, sino, como en este caso, se trata también de umbrales de oportunidad, dispositivos accesibles, que la ciudadanía debe usar y estimular para efectos de actualizar sus potenciales beneficios. El caso Radilla requirió por parte del promoverte, la confianza institucional y la determinación operativa de que estas transformaciones estatales pueden y deben ser aplicadas a los casos concretos de nuestro interés; pero esto sólo será posible en la medida que la propia ciudadanía pueda traducir esa confianza operativa en inversión de recursos particulares. En otras palabras, tanto como desde la perspectiva sistémica puede verse con mayor puntualidad, las transformaciones sociales más relevantes proceden necesariamente de la incidencia de agentes colocados en distintos puntos del amplio rango de incidencia potencial: para materializar esta Reforma, como en el caso Radilla, no sólo hizo falta la concreción de la voluntad política, de los agentes de élite, condicionada por el contexto financiero internacional, sino también la determinación de los distintos legisladores, jueces y académicos involucrados en el conjunto de la Reforma, así como últimamente, de la irritación procedente de Rosendo Radilla y su equipo de defensores, para aprovechar esta ventana de oportunidad y activar esos dispositivos de la reforma. Aterrizando aún más la observación para efectos de generalizar mejor su comprensión cabe decir que esta transformación fue la base que también posibilitó al equipo legal de SMART lograr un amparo para su particular aprovechamiento de la canabis en México, con su consecuente desenlace en la última iniciativa presidencial sobre la materia, y es asimismo fundamento sobre el cual se sustenta la nueva racionalidad igualitaria en términos de derechos sexuales y reproductivos (matrimonios igualitarios). En síntesis, la deconstrucción semántica (entendida como des-asociación de significados dados) implícita en estos cambios de racionalidad aconteciendo actualmente en nuestro país, por los que ni la mariguana ni la homosexualidad pueden ya verse jurídicamente como equivalentes de criminalidad o perversión, son también derivados de esta magna transformación y acoplamiento de nuestro país a la citada racionalidad centro moderna reflejada constitucionalmente como la Reforma de junio de 2011. Como dicho antes, lo que podemos considerar acoplamientos estructurales, los grandes cambios y reformas sociales, conllevan necesariamente efectos deseables visiblemente, tanto como otros imprevistos. Queda a nuestra observación particular descubrir cómo nuestras acciones cotidianas, nuestras opciones de consumo, nuestra comunicación interaccional, impacta en las relaciones de sentido subyacentes en cada una de estas formas y posibilidades de la vida moderna. Es decir, la modernidad no es sólo acerca de mayor libertad para disfrutar la tecnología, consumir combustible o productos de la más variada procedencia y viajar por el mundo sin restricciones, sino también de reconocer mayormente la libertad de cada uno para actuar de acuerdo con su mejor parecer en armonía con el flexible y generoso universo de la sociedad. En todo caso, para depurar su mejor provecho, estos cambios exigen tanto recursos económicos como un esfuerzo generalizado de agudización intelectual y analítica por parte de toda la sociedad.

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