SEP vs. SNTE Oaxaca 2016/1

La resistencia de ciertos maestros de la sección 22 del SNTE correspondiente al Estado de Oaxaca (ahora autodenominado CNTE) a las evaluaciones de la Secretaría de Eduación Pública manifiestas con mayores niveles de problematicidad a lo largo de este 2016, puede observarse como resultante de un proceso de pérdida de credibilidad en la que los arreglos orgánicos preinstitucionales con algunos operadores de la organización estatal del pasado resultan ser el objeto de las mayores discordias, precisamente por su informalidad y su organicidad. Por organicidad estamos observando aquí el efecto aglutinador y multiplicador que estos arreglos del pasado generaron entre una buena parte de la población oaxaqueña que posibilitó una legitimación de facto de las organizaciones estatales entre segmentos de la población que han recibido transgeneracionalmente una herencia de criterios devaluadores de la credibilidad de las organizaciones estatales. Precisamente por ser uno de los estados con la mayor cantidad de comunidades étnicas y mayor número de municipios del país, ha recibido como herencia del pasado colonial una disposición de suspicacia hacia aquello que representa los valores de la época colonial y su consecuente traslación de los valores de la centro-modernidad. Ciertamente pueda requerirse aquí otro espacio mucho más extenso para analizar esta oposición conceptual entre tradición y modernidad, pero baste por ahora una breve remisión a la obra “Modernidad líquida” de Zygmunt Bauman, y al “Saber ambiental” de Enrique Leff para este propósito. En este sentido, nos recuerda también Oscar Correas en sus observaciones sobre la evolución del derecho indígena, que buena parte de estas comunidades étnicas pervivieron al vasallaje colonial a través de su retirada de las planicies hacia la inaccesible orografía de sus regiones montañosas, donde resultaron resguardados del alcance de los colonizadores y, a su modo, se auto observaron desde entonces como victoriosos frente a este proceso hegemonizante del colonialismo y la modernidad. Derivado de esto se podría comprender más porqué el establecimiento de criterios pedagógicos orgánicos en esta región requiere de un involucramiento mayúsculo de las instituciones estatales y de una operación política de primer orden, afianzada en un gradual acoplamiento entre los diversos valores y visiones de mundo (Weltanschauen) en lo que sin duda la teoría de Max Weber a este respecto, tanto como la aproximación sistémica y ambientalista tiene mucho que aportar.

Para alcanzar un nuevo estado de mayor dinamización de las negociaciones políticas con los liderazgos de la organización de maestros oaxaqueños, haría falta reconocer la necesidad de alcanzar un nuevo y mayor nivel de legitimación para la organización ejecutiva lo cual podría lograrse sin mucha dificultad mediante la apertura del proceso a la heterorreferencia con otro ámbito organizacional de legitimidad, como lo puede bien ser para este caso, las instituciones del poder judicial. No obstante esto demandaría un cierto nivel de cesión de control político por parte del ejecutivo, lo cierto es que desde un punto de vista sistémico, sería una manera eficiente de incrementar la legitimidad del procedimiento y lograr dichos niveles de mayor dinamización del conflicto. Lo que hasta este punto resulta inexplicable e insufrible a final de cuentas para el conjunto de la sociedad, y sobre todo para el poder ejecutivo, por el gran desgaste mediático y político que este conflicto ha representado, es la carencia de organizaciones no gubernamentales, o incluso instancias públicas que se hayan dado a la tarea de promover este ejercicio de traducción y acoplamiento teórico que implicaría la conversión de este conflicto a sus formas jurisdiccionales. Sobre esto cabe señalar que una primordial observación de los procesos históricos en esta región señalaría que la vía de inclusión por recurrencia ha sido el diálogo, que no la oposición del poder, por demás lento y retardado como el mismo proceso de colonización lo fue (en términos históricos puede verse como una orientación a la de-construcción de los resabios de ese colonialismo implícito en la hegemonía de las instituciones estatales). Una vez agotada la interacción política, la aceleración posible entonces, se avizora como una intervención del sistema judicial que eventualmente lleve a cabo una nueva segmentación y diferenciación del problema. Los cómos y los cuándos podrían entonces redefinirse con la inclusión de un tercero en discordia que podría ser nada menos que el propio poder judicial, recargado a su vez para la creación de una solución Ad hoc en las abundantes observaciones que sobre ésto ha producido en México el sistema ciencia, bajo la forma de fuente de derecho denominada doctrina, y de lo cual hemos señalado aquí algunas referencias relevantes. Queda en manos de los operadores políticos, si alguna intervención fuera posible, ser canales de este voto de confianza operativa, y de esta funcionalización incluyente, que un conflicto como éste, mayormente histórico que político, requiere para su solución más duradera.

@cesargarciarazo

cesaagarciarazo.org

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